El organismo encargado de solucionar la crisis habitacional porteña fue denunciado por intentar desalojar por la fuerza a un vecino que ocupa un depósito con un permiso firmado por el propio IVC, generando indignación y acciones legales.
En un hecho que genera controversia, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), la entidad responsable de abordar la problemática habitacional en Buenos Aires, se encuentra en el centro de la polémica por un intento de desalojo con violencia física de un depósito ocupado por una persona que contaría con la autorización del propio organismo. La situación escaló durante el fin de semana, cuando personal del IVC habría ingresado por la fuerza, intentando desalojar y causando daños a la mercadería del ocupante, quien reside en el lugar amparado por un acta firmada por el propio instituto en una gestión anterior.
Según testimonios y la denuncia de organizaciones sociales, el incidente ocurrió sin orden judicial, lo que ha motivado la presentación de una denuncia penal contra los funcionarios involucrados y un amparo para evitar futuros desalojos. Eva Koutsovitis, de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, señaló la contradicción de que el organismo encargado de dar soluciones habitacionales sea el que intente un desalojo violento contra una persona con permiso.
La referente social también contextualizó la situación en el marco del proceso de reurbanización del barrio Rodrigo Bueno, donde familias relocalizadas aún esperan soluciones habitacionales definitivas, con múltiples actas de compromiso incumplidas por parte del gobierno de la ciudad. El caso del vecino del depósito, quien recibió formalmente el espacio para resguardar sus pertenencias, ejemplifica estas inconsistencias.
Se denuncia que, durante el intento de desalojo, personas del GCBA irrumpieron en el depósito, golpeando a vecinos que apoyaban al ocupante y destruyendo parte de su mercadería. La acción ha sido calificada como una violación de la propiedad privada, dado que no se habría presentado ninguna orden judicial para el ingreso.
El vecino afectado, según se informa, solo pide que se le otorgue otro espacio, tal como se estipularía en el acta que lo habilitó a ocupar el depósito, y que este acuerdo quede formalizado por escrito. La situación continúa generando tensión y se espera el avance de las acciones legales presentadas.
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