El Barrio Padre Carlos Mugica, también conocido como Villa 31, padece la falta de servicios públicos seguros, desde hace mucho tiempo.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también, desde hace años, propagandiza planes de urbanización e integración, por medio de los cuales, en vez de garantizar derechos y subsanar los problemas reales de las y los vecinos de esas y otras barriadas, logra insertarse en la agenda mediática vía pauta publicitaria y otras mieles de la comunicación institucional o corporativa, que redundan en una suerte de blindaje
Con esto me refiero a la construcción de alguna canchita de fútbol o un centro comunitario que luego se pinta de los colores insignia del gobierno porteño, la colocación de canteros y bulevares en algunas calles o, como suele puntualmente pasar en la 31, la incorporación al barrio de un Ministerio, un banco y un local de afamadas comidas rápidas en la misma geografía donde la falta de cloacas acrecienta las desigualdades y la dolencia de toda la comunidad barrial.
En la villa 31 falta agua corriente y segura, faltan cloacas, y también faltan los recursos
necesarios para enfrentar la pandemia, que reciente y mágicamente, el Gobierno encontró en el barrio con numerosos contagios de Covid 10 que se dieron mucho más rápido que en el resto de los barrios de la Capital Federal.
María Eva Cousovitis, titular de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria y del Frente de Salvador Herrera, recorre permanentemente los barrios populares de la ciudad y de esta manera analiza y denuncia la situación que atraviesan los vecinos que Larreta abraza delante de cámaras pero desprecia en los hechos.
En la Ciudad de Buenos Aires, uno de cada siete porteñas y porteños no acceden formalmente al agua potable.
Para que el agua sea potable y segura, es necesario transportarla mediante tuberías de materiales certificados, debidamente enterradas, respetando la presión reglamentaria.
Además, el acceso al agua potable segura implica la formalización del servicio, con adecuados controles periódicos de calidad y presión.
Nada de esto sucede en los barrios populares, donde el agua de consumo se transporta en mangueras precarias, muchas veces pinchadas, emparchadas, dispuestas sobre calles, pasilllos, a la intemperie, expuestas a la acción del transito y al contacto con efluentes cloacales y otras sustancias peligrosas.
En este contexto de precariedad sanitaria y de emergencia sanitaria por coronavirus y por dengue, un grupo de mujeres, referentas de distintos barrios populares, acompañadas por distintas organizaciones académicas, sociales, políticas y sindicales, presentamos una acción de ampara colectivo para garantizar el acceso al agua potable segura en el 100% de los hogares porteños, como condición escencial para poder prevenir el coronavirus y el dengue.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se declaró incompetente ante la justicia para garantizar el agua potable a la totalidad de los hogares porteños.
Sostuvo que el único responsable de garantizar el agua potable en los barrios populares es la empresa Aysa, desconociendo que el mismo gobierno es el titular del servicio público de agua potable y saneamiento y que la empresa Aysa es sólo la concesionaria.
En paralelo el Gobierno porteño se declaraba incompetente para garantizar el acceso formal a los hogares de los barrios populares, ignorando la ley 3295 y lo establecido en el código urbanístico, comenzaron a confirmarse los primeros casos de coronavirus en Villa 20, en Villa 15, en la 1, 11, 15 y en el Barrio Carlos Mugica.
Mientras el virus comenzó a circular en diferentes barrios populares de la ciudad, la falta de agua se hizo también presente.
Distintos sectores del Barrio Carlos Mugica llevan más de 4 días sin agua, cientos de habitantes peregrinan con baldes por las calles y pasillos tratando de encontrar algún camión aguatero.
También, en la Manzana 4 del Barrio Scapinno, hace 3 días que las familias no tienen agua y en el complejo Piedrabuena son cientos los afectados por falta de agua hace más de una semana.
Estamos a la espera de que el Poder Judicial de la Ciudad garantice el derecho al agua potable segura, a la vida y a la salud de cientos